Día Nacional: “Implementando la agenda 2030 con perspectiva de Inclusión social y económica”

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imagen gaby participaciónEn el contexto del trigésimo periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -que se lleva a cabo en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo- la Coordinadora Académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora, la Dra. Gabriela Sánchez, nos compartió su participación en dicho evento sobre los retos de la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país.
 
 
36 Período de Sesiones de la CEPAL

Día Nacional: “Implementando la agenda 2030 con perspectiva de Inclusión social y económica”

 
Cinco premisas sobre la Agenda de Desarrollo:
  1. La Agenda 2030 no puede ser concebida como un agrupamiento de objetivos y un listado de metas, sino como una agenda de desarrollo indivisible, interdependiente y co- realizable. Es decir, para lograr un objetivo, es necesario haber cumplido otros más.
  2. La Agenda 2030 es un reconocimiento de la profundidad de la crisis mundial que hoy día enfrentamos, y también un reconocimiento de los límites del actual modelo de desarrollo. Por ello, es una agenda universal, con responsabilidades comunes pero diferenciadas, que va mucho más allá de una agenda de mínimos, como fue la de los ODM.
  3. La Agenda 2030 no es sólo un conjunto de objetivos y de metas. También forma parte de ella la Declaración, en donde se hacen explícitos, con toda claridad, el enfoque de derechos, la aspiración de la igualdad, la sostenibilidad como elemento constitutivo de la propuesta de desarrollo y la transversalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Esa es la intencionalidad, el espíritu de la agenda, y no debemos olvidarlo.
  4. La Agenda 2030 postula la necesidad de nuevos patrones de producción y consumo, lo cual, en esencia, implica un nuevo estilo de desarrollo. Es decir, no solo sugiere nuevas políticas y objetivos, sino que presupone procesos de cambio estructural en la economía, la sociedad, la cultura y las instituciones… y también en la cultura de las instituciones.
  5. La Agenda 2030 no puede ser concebida como una agenda paralela o supletoria de las políticas nacionales. Por ende una de las tareas más urgentes es alinear esta Agenda de Desarrollo con las políticas nacionales, y las políticas nacionales y locales con la Agenda 2030, para contar con una sola política coherente y en favor del desarrollo.

Hasta aquí las premisas.

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Para México la Agenda del Desarrollo es una oportunidad y un desafío. Una oportunidad para elevar la mira, el alcance y la ambición de las políticas nacionales y locales. Para lograr una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad-Medio Ambiente y también un nuevo equilibrio entre políticas económicas, políticas sociales y políticas ambientales, las cuales no deben continuar disociadas ni contrapuestas. Requerimos urgentemente construir círculos virtuosos entre ellas.

Un nuevo estilo de desarrollo implica también un nuevo estilo de diseño e implementación de las políticas. El mayor desafío, el inmediato, es llevar a cabo un ejercicio de planificación a gran escala para pensar la agenda 2030 como un todo integral; para alinear políticas, planes y programas a esta agenda y para superar las limitaciones de un funcionamiento sectorial e inercial, frecuentemente fragmentado, de las políticas públicas.

Un ejercicio de esta naturaleza debe ser encabezado por las más altas autoridades del Estado, y el proceso de toma de decisiones no puede constreñirse únicamente a consideraciones de tipo presupuestal. Tenemos frente a nosotros una oportunidad para revitalizar los principios constitucionales que establecen el Sistema Nacional de Planeación democrática, pero superando las limitaciones actuales que la Ley Nacional de Planeación padece, al otorgarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un papel protagónico e inclusive la responsabilidad de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que modificar esta lógica. El plan para el cumplimiento de la Agenda 2030 en México tiene que incorporar a todos los actores institucionales en igualdad de condiciones y garantizando la más amplia participación de la ciudadanía.

Por ello insisto en que para la adecuada implementación de la Agenda 2030, es tan relevante un buen seguimiento y evaluación, como una planificación robusta. Poner el acento sólo en el monitoreo y la evaluación sin destacar la relevancia de una planificación consistente significa no tener, en la práctica, un claro enfoque del ciclo de la  política pública.

Así, un ejercicio central en el proceso de planificación será, por supuesto, definir las prioridades para nuestro país, las interrelaciones y la secuencia en el logro de los objetivos y las metas. Mientras más claridad haya en este proceso, más coherentes serán nuestras políticas nacionales y locales.

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Colocar la igualdad en el centro implica, sin duda alguna, definir prioridades en función de cerrar las brechas de desigualdad y proponer, intervenciones y acciones integrales para lograr el cumplimiento de metas muy exigentes para México.

Por ejemplo, la meta 1.2: reducir, al menos a la mitad, la proporción de mujeres, hombres, niños y niñas que viven en situación de pobreza en todas sus formas, conforme a las definiciones nacionales. Para ilustrar la magnitud del desafío, esto significa que México tiene 14 años para disminuir la pobreza actual de 46.2% a 23%, conforme a datos del Coneval. Se dice fácil, pero datos del propio Coneval nos muestran que, en los últimos 20 años, sólo se ha logrado una reducción del 2% de la pobreza de ingresos. ¿Cómo vamos a cumplir este compromiso con los pobres? Porque no se nos olvide, el compromiso es con ellos y con ellas.

Por eso no se trata de una agenda sólo de gobierno, es en realidad una agenda de la nación, del país. De ahí la necesidad de establecer canales permanentes de consulta, de diálogo y deliberación con la sociedad. Necesitamos instituir mecanismos de participación efectiva, que operen creativa y propositivamente y que no se reduzcan a meros espacios de legitimación de las políticas de gobierno. Sólo así será posible incorporar y devolver, bajo la forma de políticas públicas, la multiplicidad de demandas sociales que expresa una sociedad cada vez más informada y que exige también erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad y garantizar la sostenibilidad.

Pero ¿cómo lo vamos a hacer?

Para enfrentar y resolver estos desafíos se requiere un nivel complejo y superior de articulación y coordinación intergubernamental. Dada la magnitud, complejidad y diversidad de la agenda, sería un tremendo error pensar que una sola Secretaria puede hacerse cargo del proceso de planificación, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la Agenda. También es indispensable la articulación entre los distintos niveles de gobierno. El enfoque territorial y desde lo local es clave, pues los contrastes y las brechas existentes al interior del país nos plantean retos importantes.

El Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Oficina de la Presidencia jugó un papel importante. Hay que recuperar, potenciar y escalar esta experiencia para garantizar la mirada integral y global del proceso de desarrollo. Es indispensable una instancia o mecanismo del más alto nivel y de carácter permanente, dedicada a este propósito y que cuente con las salvaguardas necesarias para dar continuidad a sus funciones más allá de los cambios de administración.

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En materia de evaluación del cumplimiento de la agenda lo recomendable sería una adecuada combinación de evaluación interna y externa. La valoración del cumplimiento de los ODS no puede ser hecha por los mismos responsables de cumplirlos. En este sentido, es muy prometedora la iniciativa de crear un Observatorio Social que registre, vigile, de seguimiento e informe. Pero es muy importante que cuente con las condiciones políticas, económicos, materiales y técnicas necesarias para cumplir cabalmente con sus funciones.

En el proceso de monitoreo y seguimiento de la Agenda, el Coneval tendrá, sin duda alguna, una función relevante, pero no puede hacerse cargo de todo, ya que su mandato está acotado a la política del desarrollo social y, la Agenda 2030 es mucho más amplia que eso. Se requiere avanzar hacia instrumentos de evaluación de toda la acción pública, y en ese sentido, sería interesante valorar la posibilidad de incorporar a la Auditoria Superior de la Federación y a las Auditorías Superiores de cada entidad federativa, particularmente en lo que se refiere a auditorías del desempeño, para complementar esta labor. Por lo pronto.

Asimismo es de la mayor relevancia apoyar y fortalecer los trabajos que en esta materia llevan a cabo, o pueden llevar a cabo, las universidades y los centros de investigación. Hay que darles mandato.

En cuanto a la cooperación internacional, es claro que los países desarrollados incumplieron mayoritariamente con su responsabilidad de otorgar el 0.7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Ciertamente, el financiamiento del desarrollo y las decisiones, limitadas o pendientes, que se adoptaron en la Cumbre de Addis Abeba el año pasado, continúan siendo un reto. Es fundamental el fortalecimiento de las capacidades recaudatorias del Estado para que éste cumpla con sus responsabilidades más esenciales.

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Pero, como señala la CEPAL, es importante que se cumpla con la meta del 0.7%, pero fundamentalmente, lo que se requiere en el fondo, es una nueva gobernanza del sistema monetario y del sistema financiero internacional. La ayuda al desarrollo no sustituye, de ninguna manera, la necesidad de una nueva arquitectura de las relaciones económicas internacionales, particularmente en materia de comercio, de acceso al conocimiento y de transferencia de tecnología.

En este sentido, necesitamos trabajar más en la construcción de un nuevo enfoque de la cooperación internacional, en el que tanto los actores tradicionales como los llamados emergentes, emprendan acciones de nuevo tipo.

En esta línea, la política mexicana de cooperación internacional enfrenta desafíos importantes: entre ellos, alinear el PROCID a las prioridades nacionales de la Agenda 2030; fortalecer la CSS y triangular, garantizando la práctica concreta de los principios establecidos por la propia AMEXCID: solidaridad internacional, promoción de los derechos humanos, igualdad de género, Estado de derecho, transparencia y rendición de cuentas; y finalmente, poner en marcha el sistema de registro e información sobre las acciones de cooperación internacional para el desarrollo a fin de propiciar el acceso público a la misma.

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Pero no todo es tarea del Ejecutivo. El Poder Legislativo también debe revisar el conjunto de  la  Agenda  y  a  partir  de  ello,  determinar  cuáles  son  las  innovaciones  legislativas necesarias, así como identificar los puntos de armonización e incluso las reformas de ley que se requieren, en términos de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la salud, el desarrollo urbano, la sustentabilidad ambiental, la educación, entre otros.

El documento que nos propone la CEPAL es una contribución fundamental para el análisis y la viabilidad de la Agenda 2030 porque nos señala que una agenda del desarrollo requiere de una teoría del desarrollo, y que una agenda como la 2030, demanda de transformaciones profundas, o de lo que la CEPAL llama un cambio estructural progresivo, que coloque la igualdad y la sostenibilidad no como un objetivo más entre otros, sino como los ejes ordenadores de una nueva propuesta de desarrollo. Por ello será fundamental el papel que la CEPAL juegue en toda la región en el proceso de análisis, monitoreo y evaluación de la agenda 2030, articulando a las instituciones públicas con las voces, las propuestas e inquietudes de la sociedad y las organizaciones sociales.

Muchas gracias y mucho éxito en el 36 Período de Sesiones.

 

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